El próximo 5 de febrero comenzará el juicio oral sobre los responsables del Regimiento de Infantería 9 (RI9) de Corrientes, uno de los ex centros clandestinos de detención que funcionó en la provincia desde 1975. El proceso, que tendrá como principal acusado a Cristino Nicolaides, será el primer juicio oral del interior del país y el primero en el que se juzgue la participación de militares del Ejército. También es el primero que avanza sobre la responsabilidad del colectivo en un centro clandestino.
El juicio de Corrientes puede extenderse hasta el mes de abril y se calculan que pasarán unos cuarenta testigos. La investigación que empezó en 1984 y se detuvo con las leyes de Impunidad logró reiniciarse hace sólo tres años con la oposición de algunos de los sectores mas tradicionales en contra.
“Que sea el Estado el que cuestiona al Estado terrorista para algunos puede ser un gesto, pero a nuestras sociedades les cambia la mirada”, dice Marisa, cuñada de uno de los desaparecidos del regimiento.
En 1983, la Conadep tenía registrados en Corrientes un sólo centro clandestino en el Hípico de Goya. Los otros cinco centros que se cuentan ahora aparecieron muy lentamente con los años y mientras los familiares de las víctimas y los sobrevivientes fueron ganando confianza.
En noviembre de 2003, la familia de Vicente Víctor Ayala presentó una querella criminal por la desaparición en 1976 luego de su paso por la RI9. Según varios testigos por allí pasaron Julio Barosi, Jorge Saravia Acuña, Orlando Diego Romero y Rómulo Artieda, el cuñado de Marisa que fue secuestrado en Buenos Aires mientras se escapaba de la represión, a los 21 años. Luego de treinta años, el año pasado su cuerpo fue exhumado del cementerio del Empedrado a 50 kilómetros del lugar e identificado este año por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Por las características con las que la fiscalía de Flavio Ferrini elevó la causa la causa, es posible que su desaparición se incorpore como homicidio agravado. Con estos casos, la elevación contempla las denuncias por privación ilegítima de la libertad agravada y torturas de una veintena ex detenidos.
En ese contexto, la causa lleva a juicio al ex jefe del Ejército, general Nicolaides por entonces jefe del Comando de la VII brigada de Infantería y detenido con prisión domiciliaria por la causa de robo de bebés, por la masacre de Margarita Belén y por esta causa.
Con él serán juzgados Jorge Félix Aguiar, quien era jefe del Regimiento 9 y Roberto Romeo Bin, segundo jefe del Regimiento. El capitán Juan Carlos Demarchi, jefe de Inteligencia del Area; el coronel Horacio Losito, quien hasta el momento de la detención era agregado militar en la Embajada argentina en Italia y ahora está también imputado en la causa Margarita Belén; el coronel Rafael Manuel Barreiro que estaba prestando servicios activos en el Regimiento de Monte Caseros hasta su detención; también varios oficiales y sargentos.
Del listado, el capitán Demarchi es uno de los represores más simbólicos para la provincia. Aunque lleva 36 meses de prisión sigue siendo un empresario ganadero, miembro del Consejo directivo de la sociedad rural de Corrientes y parte de la Sociedad Rural Argentina. Según los testimonios, comandó allanamientos y dirigió interrogatorios y aunque pidió formalmente el retiro de la fuerza en agosto de 1976 siguió cumpliendo tareas en 1977 bajo otras coberturas.